En el marco del VII Congreso Internacional de Justicia Ambiental, organizado por la Comisión Nacional de Justicia Ambiental del Poder Judicial (CNGA), se desarrolló el taller “Minería ilegal y la cuantificación de daños al medio ambiente”, una iniciativa conjunta de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Conservation Strategy Fund (CSF) y la Procuraduría General del Estado (PGE).

El Congreso —realizado del 13 al 15 de octubre en Arequipa— reunió a magistrados, fiscales, académicos y especialistas nacionales e internacionales del sistema de justicia y del sector ambiental, con el propósito de fortalecer capacidades en la protección del medio ambiente, promover el intercambio de buenas prácticas y visibilizar el rol del Poder Judicial frente a los retos globales y transnacionales que enfrenta la justicia ambiental, incluidos los derivados de las nuevas tecnologías y la evidencia científica.

Como parte de las actividades del Congreso, el taller aplicativo buscó profundizar el conocimiento de los participantes sobre la minería ilegal y promover el uso de herramientas técnicas para la cuantificación de los daños ambientales, como la Calculadora de Impactos de la Minería Ilegal de Oro, desarrollada por CSF e implementada por la PGE en sus informes de valoración.

Desde la sociedad civil, Martín Arana (FCDS) presentó un panorama de las dinámicas delictivas vinculadas a la minería ilegal y las economías convergentes, además de exponer diversas aproximaciones para enfrentar este delito desde la prevención y la persecución. También mostró el avance de actividades mineras ilegales en la provincia de Puerto Inca (Huánuco).

Augusto Mulanovich (CSF) explicó la metodología empleada en la construcción de la herramienta de valoración económica que estima el daño ambiental generado por la minería ilegal de oro en la Amazonía peruana. Desde su lanzamiento en Brasil y su uso oficial por el Ministerio Público Federal, la calculadora ha sido adaptada en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, contribuyendo a la toma de decisiones oportunas para la prevención, sanción y promoción de tecnologías limpias.

Por su parte, Alex Navarro (PGE) detalló cómo se aplica la valoración económica del daño ambiental en casos de minería ilegal, desde la recopilación de la información y la base legal que sustenta los informes, hasta la metodología y el uso de la calculadora para fortalecer el análisis técnico. Su exposición permitió a los asistentes comprender mejor el trabajo detrás de las pericias elaboradas por la PGE.

La parte técnica se complementó con la resolución de un caso simulado, que integró los componentes de convergencia delictiva y cuantificación de impactos, lo cual permitió identificar oportunidades de mejora en la articulación interinstitucional frente a los delitos ambientales.

“Este taller nos permitió comprender el trabajo que existe detrás de los informes de la Procuraduría; a veces sólo vemos las cifras sin conocer el proceso que hay detrás”, señaló uno de los participantes. Esta iniciativa contribuye a una respuesta más efectiva frente a la minería ilegal, desde un enfoque multisectorial, interinstitucional y territorial, fortaleciendo así la justicia ambiental en el país.

Fotos: Annie Morillo/CSF.